Artículo 1 – Principio Fundamental de la Nación
Artículo 2 – La Persona Humana y su Dignidad
La persona humana es el fundamento y el fin de la comunidad política. Toda legislación, institución y acción del Estado deberá respetar, proteger y promover la dignidad humana desde su concepción hasta su muerte natural, sin discriminación alguna.
Se reconoce el valor sagrado de cada vida humana, así como sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, a la familia, al trabajo digno, a la educación integral y a la participación en la vida social.
El Estado tendrá como misión garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo espiritual, moral, intelectual y material de todas las personas, a la luz del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia Católica.
Artículo 3 – La Familia
La familia, fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer, abierto a la vida y basado en el amor fiel e indisoluble, constituye el núcleo natural y fundamental de la sociedad.
El Estado reconoce su carácter sagrado, la precedencia de sus derechos sobre los del Estado mismo, y se compromete a protegerla, fortalecerla y promover políticas que la acompañen en su misión educativa, afectiva, social y espiritual.
Se rechaza toda forma de unión que contradiga la naturaleza del matrimonio según el orden natural y la enseñanza de la Iglesia.
La maternidad y la paternidad son vocaciones dignas de especial protección, y los hijos tienen derecho a crecer en un entorno familiar que favorezca su formación humana y cristiana.
Artículo 4 – Libertad Religiosa y Culto Público
Se reconoce y garantiza el derecho de toda persona a buscar, conocer, amar y servir a Dios en conciencia y en libertad.
La Iglesia Católica, Una, Santa, Católica y Apostólica, es reconocida como la verdadera y plena depositaria de la Revelación divina, y el Estado se compromete a respetar su misión evangelizadora, moral y social.
El culto público a Dios, especialmente a través de la liturgia católica, será promovido y protegido como expresión del alma de la Nación.
Se reconoce la libertad de otras confesiones religiosas, siempre que no contradigan el orden natural, la moral pública ni los principios fundamentales establecidos en esta Constitución.
Artículo 5 – Misión y Naturaleza del Estado
El Estado existe para servir a la persona humana y a la familia, promoviendo el bien común y garantizando las condiciones sociales, morales y materiales que permitan a todos los ciudadanos alcanzar su plenitud según la ley natural y la voluntad de Dios.
El ejercicio del poder deberá estar al servicio de la justicia, la paz y la solidaridad, inspirado en los principios de subsidiariedad, participación y caridad política.
Toda autoridad legítima emana de Dios y debe ser ejercida con espíritu de servicio, respetando la dignidad de toda persona y guiándose por la verdad, el orden moral y la doctrina de la Iglesia.
El Estado no es absoluto, sino que debe colaborar con las familias, las comunidades intermedias y la Iglesia, sin sustituirlas ni invadir sus legítimos ámbitos de acción.
Artículo 6 – Educación y Formación Integral
La educación es un derecho y deber primordial de la familia, primera educadora de los hijos, y el Estado tiene la obligación de asistirla y no sustituirla, garantizando su libertad para elegir la formación conforme a sus convicciones morales y religiosas.
Toda educación deberá orientarse al desarrollo armónico de la persona humana en sus dimensiones física, intelectual, moral, espiritual y social, a la luz del Evangelio y de la doctrina católica.
El Estado promoverá una educación integral que forme ciudadanos responsables, justos, libres, solidarios y abiertos a la trascendencia, respetando siempre la verdad y la dignidad del ser humano.
Se reconoce a la Iglesia Católica el derecho de fundar, dirigir y supervisar instituciones educativas de todos los niveles, con plena libertad para impartir enseñanza religiosa y moral conforme a su Magisterio.
Artículo 7 – Derecho a la Vida
El derecho a la vida es inviolable y debe ser protegido por la ley desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
Toda acción que atente directa e intencionalmente contra la vida humana inocente, como el aborto, la eutanasia o el homicidio, es moralmente inadmisible y será considerada jurídicamente nula y contraria al orden natural.
El Estado tiene el deber de proteger la vida humana en todas sus etapas y condiciones, promoviendo una cultura de la vida y del amor, así como políticas de apoyo a las madres, a las familias y a los más vulnerables.
Se prohíbe toda práctica científica, médica o tecnológica que implique la destrucción, manipulación o instrumentalización de vidas humanas, aun en estado embrionario o terminal.
Artículo 8 – El Trabajo Humano
El trabajo es un deber y un derecho de toda persona, medio de realización personal, servicio al prójimo y contribución al bien común.
Todo trabajo debe ser ejercido en condiciones que respeten la dignidad del trabajador, su salud, su desarrollo espiritual y familiar, y su justa remuneración.
El Estado promoverá políticas que aseguren el pleno empleo, la equidad en las relaciones laborales y la protección de los más débiles, conforme al principio de justicia social.
Se reconoce la función legítima de los sindicatos, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga como medios éticos de defensa de los derechos del trabajador, siempre que no atenten contra el bien común ni el orden moral.
Toda forma de esclavitud, explotación, trabajo infantil o condiciones laborales degradantes será severamente condenada y sancionada.
Artículo 9 – La Propiedad Privada
La propiedad privada es un derecho fundamental de la persona humana, cuyo ejercicio debe orientarse hacia el bien común y el respeto de la dignidad de los demás.
Toda propiedad debe ser considerada como un medio para servir al prójimo y contribuir al bienestar social, y no un fin en sí misma. Los bienes deben ser administrados de acuerdo con la ley natural, la justicia y los principios cristianos de caridad y solidaridad.
El Estado respetará el derecho a la propiedad privada, pero promoverá que esta se utilice de manera responsable, evitando su concentración excesiva que conduzca a la opresión o explotación de los más pobres y vulnerables.
En caso de necesidad social o de utilidad pública, la expropiación podrá ser legítima, siempre que se haga por el bien común y con justa compensación.
Artículo 10 – Justicia Social y Bien Común
La justicia social es el principio que garantiza el acceso equitativo a los bienes materiales y espirituales, y la distribución justa de los recursos de la Nación, para que todos los ciudadanos puedan alcanzar su pleno desarrollo en todas sus dimensiones.
El Estado tiene la obligación de promover políticas que favorezcan a los más vulnerables y marginados, asegurando que todos tengan acceso a los derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda.
La justicia social se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la promoción de la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad.
El bien común debe ser siempre la medida de las políticas públicas, priorizando el bienestar integral de las personas, especialmente de aquellos que viven en pobreza o exclusión social.
Toda forma de discriminación, opresión o injusticia económica será rechazada y combatida, y se promoverá la cooperación y el entendimiento entre todas las naciones para la construcción de un orden mundial más justo y fraterno.
Artículo 11 – Solidaridad Internacional
La solidaridad internacional es un principio fundamental para la construcción de una comunidad global basada en la paz, la justicia y el respeto mutuo.
El Estado promoverá relaciones de cooperación con otros países, basadas en el respeto a la dignidad humana, la justicia social y el bien común global. Se compromete a colaborar con las naciones más necesitadas, especialmente en áreas como el desarrollo económico, la lucha contra la pobreza, la salud, la educación y el acceso a los derechos fundamentales.
El Estado condena la explotación injusta de los recursos naturales y humanos, y se compromete a trabajar con la comunidad internacional para erradicar la injusticia económica y las desigualdades que afectan a los países más pobres.
Cada nación tiene la responsabilidad de contribuir al bien común mundial, promoviendo la paz y la fraternidad entre todos los pueblos, y asegurando que los derechos de cada ser humano sean respetados sin discriminación alguna.
Artículo 12 – Paz y la Guerra
La paz es un bien fundamental para la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas. El Estado promueve la paz como una condición necesaria para el florecimiento de la vida social, política y espiritual.
Se rechaza la violencia como medio para resolver los conflictos y se priorizarán siempre las vías de diálogo, diplomacia y negociación, tanto en el ámbito nacional como internacional.
El uso de la fuerza será legítimo solo en casos de legítima defensa, cuando se haya agotado toda posibilidad de resolución pacífica y siempre de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad, respetando la vida humana y evitando el daño a los inocentes.
El Estado se compromete a colaborar con organismos internacionales en la promoción de la paz y la seguridad, y a contribuir activamente en la resolución de conflictos internacionales mediante la justicia, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos.
La educación para la paz será promovida en todas las instituciones del país, para formar ciudadanos comprometidos con la justicia, el respeto mutuo y la reconciliación.
Artículo 13 – Ecología y Cuidado de la Creación
La tierra, creada por Dios y confiada a la humanidad, debe ser respetada, cuidada y utilizada de manera responsable, de acuerdo con la ley natural y los principios cristianos de justicia, caridad y solidaridad.
El Estado promoverá políticas de desarrollo sostenible que respeten el medio ambiente y aseguren la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. La explotación de los recursos naturales debe realizarse de manera que se respete la dignidad de las personas, el equilibrio ecológico y el bienestar de toda la creación.
El ser humano es custodio de la creación, y como tal tiene la responsabilidad de protegerla y no de explotarla de manera irresponsable. Se promoverá una educación ecológica integral, que sensibilice a todos los ciudadanos sobre la importancia de la protección del medio ambiente, el consumo responsable y el respeto por todas las criaturas de Dios.
Se condena toda forma de contaminación, destrucción de hábitats y agotamiento de los recursos naturales que ponga en peligro la vida humana y la biodiversidad de la tierra.
Artículo 14 – Libertad de Expresión y Responsabilidad
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, para manifestar su pensamiento, sus creencias y opiniones, tanto de manera oral como escrita, sin ser objeto de censura previa.
Este derecho incluye la libertad de acceder a la información, siempre que no contravenga la moral pública ni el orden natural establecido por Dios.
La libertad de expresión no es absoluta y deberá ejercerse con responsabilidad, de manera que no atente contra la dignidad de otras personas, la paz social, ni los principios fundamentales de la moral cristiana.
El Estado protegerá la libertad de los medios de comunicación, promoviendo su pluralidad y responsabilidad social, y velará por que estos sirvan al bien común, a la verdad y al respeto de los derechos humanos.
Los actos de difamación, incitación al odio, a la violencia o a la destrucción de la familia, la vida humana y la moral cristiana serán rechazada y sancionados, respetando siempre el debido proceso.
Artículo 15 – Derecho a la Educación Religiosa
Toda persona tiene el derecho fundamental a recibir una educación religiosa conforme a sus convicciones, especialmente en lo que respecta a la enseñanza de la fe católica, de acuerdo con los principios establecidos por la Iglesia.
El Estado garantizará la libertad de las familias para educar a sus hijos según sus creencias religiosas, sin impedimentos, y permitirá la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, conforme a las tradiciones católicas y el Magisterio de la Iglesia.
Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, estarán abiertas al estudio de la doctrina cristiana, y se fomentará la enseñanza de los valores morales, espirituales y sociales que reflejan la fe católica.
Se garantiza la autonomía de la Iglesia para fundar, dirigir y administrar instituciones educativas que puedan impartir educación religiosa y moral conforme a sus enseñanzas.
El Estado colaborará con la Iglesia en la educación religiosa, respetando la independencia de la enseñanza y la libertad de los padres para elegir la formación espiritual de sus hijos.
Artículo 16 – Derechos de los Migrantes
Toda persona tiene el derecho a buscar un lugar seguro y digno para vivir, y a migrar en busca de mejores condiciones de vida, trabajo y desarrollo.
El Estado reconoce y respeta la dignidad de los migrantes, independientemente de su origen, y garantizará su acceso a los derechos fundamentales, como la vida, la salud, la educación y la justicia, sin discriminación alguna.
El proceso migratorio debe ser ordenado, respetando la ley y garantizando que los migrantes no sean objeto de explotación, violencia ni abuso.
El Estado promoverá políticas que faciliten la integración de los migrantes en la sociedad, respetando su cultura y identidad, y fomentando su contribución al bien común, en un ambiente de solidaridad y fraternidad.
La Iglesia, como defensora de la dignidad humana, trabajará activamente en la acogida de los migrantes, promoviendo la caridad y el respeto mutuo, y ayudará a integrar a los migrantes en la vida social y comunitaria, brindándoles apoyo espiritual y material.
Artículo 17 – La Familia, Célula Fundamental de la Sociedad
La familia, fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer, es la célula natural y fundamental de la sociedad, querida y diseñada por Dios.
El Estado reconoce, protege y promueve la familia como el primer lugar de transmisión de la vida, de la fe, de los valores humanos y cristianos, y como el ámbito primario de educación de los hijos.
El matrimonio, como unión indisoluble, fiel y abierta a la vida, será respetado y fomentado, rechazando cualquier forma de equiparación jurídica con uniones que no se correspondan con el orden natural establecido.
El Estado garantizará a las familias los medios necesarios para su estabilidad y su pleno desarrollo espiritual, económico y social, protegiendo especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad.
Se promoverán políticas públicas que fortalezcan la vida familiar, el respeto a la autoridad de los padres en la educación de los hijos, la conciliación entre la vida laboral y familiar, y la dignidad del hogar como centro de amor y solidaridad.
Artículo 18 – Derecho a la Vida
La vida humana es sagrada e inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, pues es un don de Dios que debe ser respetado y protegido en toda circunstancia.
El Estado reconoce y garantiza el derecho fundamental a la vida de toda persona, sin excepción, y se compromete a proteger especialmente a los más vulnerables: el niño por nacer, los enfermos, los discapacitados, los ancianos y los pobres.
Se prohíben el aborto, la eutanasia, el homicidio y toda forma de atentado deliberado contra la vida humana, considerándolos gravemente contrarios a la ley natural y a la dignidad de la persona.
Se promoverán políticas públicas de apoyo a las madres gestantes, a las familias en dificultad, a los enfermos y a los ancianos, garantizando cuidados, acompañamiento y respeto por la vida en todas sus etapas.
El Estado educará en el valor sagrado de la vida humana, fomentando una cultura de la vida, del amor y del respeto, en fiel conformidad con los principios de la fe católica.
Artículo 19 – Libertad Religiosa
La libertad religiosa es un derecho fundamental que nace de la dignidad misma de la persona humana, creada por Dios para buscar, conocer y amar libremente la verdad.
El Estado reconoce y garantiza a toda persona el derecho a profesar, practicar y difundir su fe, tanto en privado como en público, individualmente o en comunidad, dentro del respeto al orden moral y al bien común.
Se reconoce a la Iglesia Católica, en virtud de su fundación divina, un lugar preeminente en la vida espiritual, cultural y social de la Nación, garantizando su libertad para cumplir su misión de evangelizar, enseñar, celebrar el culto y servir a los más necesitados.
El Estado protegerá los lugares de culto y las expresiones públicas de fe, y favorecerá la colaboración respetuosa entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica, sin confusión de competencias ni subordinación indebida.
No se permitirá la difusión de cultos o ideologías que atenten contra la vida, la dignidad humana o los principios fundamentales de la moral cristiana.
Artículo 20 – Derecho al Trabajo y su Dignidad
El trabajo es un derecho fundamental y un deber de toda persona, y constituye un medio privilegiado para la realización personal, el servicio a los demás y la colaboración en la obra creadora de Dios.
El Estado reconoce el valor del trabajo humano y se compromete a garantizar condiciones laborales justas, respetuosas de la dignidad de la persona, que permitan a cada trabajador satisfacer sus necesidades materiales, espirituales y familiares.
Toda forma de explotación laboral, discriminación, trabajo esclavo o condiciones indignas de empleo será condenada y sancionada conforme a la ley.
Se promoverá el acceso al trabajo digno para todos, especialmente para los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres, los ancianos y los sectores más vulnerables de la sociedad.
El Estado favorecerá la organización de los trabajadores en asociaciones libres y solidarias, en conformidad con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, y garantizará su derecho a la defensa de sus intereses por vías justas y pacíficas.
Artículo 21 – Propiedad Privada y Función Social
La propiedad privada es un derecho natural del ser humano, derivado de su dignidad y de su responsabilidad en el cuidado de los bienes creados por Dios.
El Estado reconoce y protege el derecho a la propiedad privada, siempre que se ejerza en conformidad con el bien común y la justicia social.
La propiedad privada no es un fin en sí misma, sino que tiene una función social: debe estar al servicio de las necesidades legítimas de la persona, de la familia y de la comunidad entera.
El uso de los bienes debe realizarse con espíritu de solidaridad, evitando el acaparamiento egoísta y promoviendo la justa distribución de los recursos, de acuerdo con los principios de la caridad cristiana.
El Estado podrá regular el uso de la propiedad privada en función del bien común, respetando siempre el derecho natural, la justicia y la dignidad de los propietarios.
Artículo 22 – El Bien Común
El bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen el desarrollo integral de todas las personas y comunidades.
El Estado tiene como deber primario promover, proteger y defender el bien común, orientando todas sus acciones hacia la dignidad de la persona humana, la justicia social, la paz y la solidaridad.
El bien común exige el respeto y la promoción de los derechos fundamentales, el fortalecimiento de las instituciones sociales, la protección de la familia, el acceso equitativo a los bienes materiales y espirituales, y el cuidado de la creación.
Cada ciudadano, en virtud de su dignidad y responsabilidad, está llamado a colaborar activamente en la construcción del bien común, buscando no solo su propio interés, sino también el bienestar de los demás.
Toda autoridad política legítima debe ejercer su poder como servicio al bien común, guiándose por la ley moral natural y los principios evangélicos de justicia, caridad y verdad.
Artículo 23 – Principios de Solidaridad y Subsidiariedad
La sociedad se edifica sobre los principios de solidaridad y subsidiariedad, que brotan de la dignidad de la persona y del amor fraterno enseñado por Cristo.
La solidaridad exige que todos los miembros de la sociedad se reconozcan responsables los unos de los otros, particularmente de los más débiles, trabajando activamente para superar las injusticias, las desigualdades y las divisiones.
La subsidiariedad establece que las instancias superiores no deben suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las personas, las familias y las comunidades menores, sino que deben apoyarlas y complementarlas cuando estas no puedan alcanzar el bien común por sí mismas.
El Estado deberá respetar y fortalecer la autonomía de las familias, de las asociaciones intermedias y de los cuerpos sociales, interviniendo únicamente cuando sea necesario para ayudar y nunca para anular su función propia.
Estos principios orientarán toda acción política, económica y social, asegurando una organización justa, equilibrada y solidaria de la vida pública.
Artículo 24 – Protección de la Infancia
La infancia tiene derecho a una protección especial, dado que los niños son un don precioso de Dios y miembros vulnerables de la comunidad humana.
El Estado, en cooperación con las familias y la Iglesia, garantizará a todos los niños el acceso a una vida digna, a la educación integral, a la salud, a la alimentación adecuada y a un entorno seguro y amoroso para su crecimiento.
Se protegerá al niño contra toda forma de violencia, abuso, abandono, explotación y manipulación ideológica, asegurando su desarrollo físico, moral, espiritual e intelectual conforme a la ley natural y los valores cristianos.
El Estado reconocerá como primario el derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos, particularmente en la fe y en la formación moral, asistiendo a las familias para que puedan cumplir esta misión sin interferencias indebidas.
Toda política pública referida a la infancia deberá orientarse al pleno respeto de la dignidad, la inocencia y los derechos fundamentales del niño, siempre subordinados al bien superior de su alma y su vida integral.
Artículo 25 – La Juventud y su Formación
La juventud es la esperanza viva de la Nación y una fuerza vital para la construcción de una sociedad justa, solidaria y enraizada en los valores cristianos.
El Estado promoverá una formación integral de los jóvenes, que abarque el desarrollo de sus capacidades intelectuales, profesionales, físicas, morales y espirituales, conforme a la verdad y el bien.
Se fomentará la participación activa de los jóvenes en la vida social, política, cultural y eclesial, alentándolos a asumir con responsabilidad su papel de protagonistas en la edificación del bien común.
La educación deberá transmitir a los jóvenes el amor a Dios, el respeto a la dignidad humana, el sentido de la responsabilidad social, la virtud de la castidad y el valor del sacrificio y la solidaridad.
El Estado y la sociedad protegerán a los jóvenes de toda forma de corrupción moral, ideológica o cultural, promoviendo ambientes sanos que favorezcan su maduración en la libertad y la verdad.
Artículo 26 – La Educación y la Libertad Educativa
La educación es un derecho inalienable de la persona y una responsabilidad primaria de los padres, primeros educadores de sus hijos.
El Estado tiene el deber de garantizar y apoyar la educación, respetando siempre la prioridad del derecho de la familia sobre cualquier otra instancia educativa.
La educación debe tender al pleno desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones —física, intelectual, moral, espiritual y social—, orientándola hacia la verdad, el bien, la belleza y la comunión con Dios.
El Estado asegurará la libertad de enseñanza, permitiendo y promoviendo la existencia de escuelas de inspiración católica y de proyectos educativos conformes a los principios de la fe y la moral cristiana.
Toda forma de adoctrinamiento ideológico contrario a la verdad natural y a la fe será prohibida en los centros educativos, en resguardo del derecho de los padres y de la dignidad de los niños y jóvenes.
Artículo 27 – La Cultura y el Arte al Servicio de la Verdad y el Bien
La cultura y el arte son dones preciosos que deben contribuir a la formación integral del ser humano, promoviendo los valores de la verdad, la belleza, la justicia y el amor, reflejando la gloria de Dios en todas sus manifestaciones.
El Estado promoverá una cultura cristiana que respete y fomente la dignidad humana, la paz, la solidaridad y la unidad, reconociendo que la verdadera libertad se encuentra en vivir conforme a la ley moral natural y la voluntad de Dios.
Se apoyará la creación y difusión de obras artísticas y culturales que exalten los principios cristianos, el respeto por la vida, la familia y la comunidad, y que estén al servicio del bien común.
El Estado garantizará la libertad de expresión artística, pero también velará por que las obras culturales y artísticas no promuevan vicios, odio, violencia ni ideologías contrarias a los valores humanos y cristianos.
Los artistas, como creadores de belleza, estarán llamados a ser custodios de la verdad y la dignidad humana, y a contribuir al establecimiento de una sociedad más justa y armónica a través de sus obras.
Artículo 28 – La Ciencia y la Tecnología al Servicio del Hombre y de Dios
La ciencia y la tecnología son dones que el ser humano ha recibido de Dios para conocer y gobernar el mundo, siempre con respeto a la dignidad de la persona humana, al bien común y al orden divino establecido.
El Estado fomentará el desarrollo de la ciencia y la tecnología con el propósito de mejorar la vida humana, promoviendo avances que favorezcan la salud, la educación, el bienestar y la justicia social, sin que se utilicen en detrimento de la moral cristiana ni de los valores fundamentales de la vida.
La investigación científica deberá estar dirigida a la búsqueda de la verdad y la utilidad para el bien común, rechazando cualquier aplicación de la ciencia que atente contra la vida humana, la naturaleza o la dignidad de la persona.
El Estado promoverá la ética en la ciencia y la tecnología, asegurándose de que las innovaciones respeten la ley natural y se utilicen de manera responsable y respetuosa con la creación de Dios.
Los avances tecnológicos deben estar al servicio de la humanidad, favoreciendo el respeto por el entorno natural, la salud de las generaciones futuras y la justicia social, y no deben ser utilizados para el egoísmo, la manipulación ni la explotación de los más débiles.
Artículo 29 – La Paz y la Justicia
La paz es el fruto de la justicia y de la caridad, y es un don divino que requiere el esfuerzo constante de cada individuo y de toda la sociedad.
El Estado tiene la obligación de trabajar incansablemente por la paz, promoviendo la justicia, la equidad y el respeto mutuo entre todos los pueblos y dentro de la propia nación.
La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la justicia, la solidaridad, el respeto por los derechos humanos y la protección de los más vulnerables.
El Estado promoverá la resolución pacífica de los conflictos, fomentando el diálogo, la reconciliación y el perdón en todas las circunstancias, basándose en los principios cristianos de caridad y misericordia.
Toda forma de violencia, tanto física como estructural, será rechazada y combatida, y se procurará un orden social que garantice los derechos de cada persona, especialmente el derecho a la vida, la libertad y la dignidad humana.
La justicia, como virtud cardinal, será el fundamento sobre el cual se edifique la sociedad, orientada siempre hacia el bien común y la reconciliación.
Artículo 30 – Defensa de la Soberanía y la Autoridad del Estado
La soberanía del Estado es un don divino que debe ser respetado y defendido con justicia y responsabilidad. El Estado tiene el derecho y el deber de salvaguardar su independencia, integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, conforme a los principios de justicia y caridad cristiana.
El Estado garantizará la autoridad legítima de sus instituciones, subordinada siempre a la ley moral natural, y actuará con rectitud y prudencia en el ejercicio de su poder, buscando siempre el bien común y el bienestar de todos los ciudadanos.
La autoridad política, como servicio al pueblo, no debe ser ejercida para la opresión ni para la manipulación de los derechos de las personas, sino para fomentar la paz, la justicia y la solidaridad, de acuerdo con la voluntad de Dios.
El Estado promoverá el respeto entre las naciones, buscando la cooperación internacional para la paz, la justicia y la prosperidad, pero no permitirá la invasión ni la violación de su soberanía por fuerzas extranjeras.
La defensa de la soberanía del Estado, tanto interna como externa, será realizada de manera ética, respetuosa de los derechos humanos y dentro del marco de la justicia divina, sin recurrir a la violencia innecesaria ni la guerra.
Artículo 31 – La Familia como Célula Fundamental de la Sociedad
La familia es la célula fundamental de la sociedad y el ámbito primordial donde se educa y se protege la vida humana en todas sus etapas.
El Estado reconoce el derecho de los padres a formar y educar a sus hijos, conforme a los principios naturales y cristianos, y promoverá políticas que fortalezcan la unidad familiar y apoyen su estabilidad.
El matrimonio, como unión estable entre un hombre y una mujer, es la base de la familia y será protegido por el Estado como institución esencial para el bien común, la procreación y la educación de los hijos.
Toda acción que atente contra la naturaleza del matrimonio y la familia, que promueva su descomposición o que socave los valores cristianos de la vida familiar, será rechazada por el Estado.
El Estado garantizará la protección de las familias más vulnerables, como aquellas en situaciones de pobreza, violencia o desestructuración, promoviendo programas de apoyo social, educativo y económico para su bienestar.
La familia será siempre respetada como un ámbito de amor, fe, responsabilidad y solidaridad, en el que cada miembro, desde su dignidad, debe ser amado y respetado.
Artículo 32 – La Vida Humana y su Protección desde la Concepción hasta la Muerte Natural
Toda vida humana es un don sagrado de Dios, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, y debe ser protegida y respetada en todas sus etapas.
El Estado garantizará la protección de la vida de los inocentes, evitando toda forma de aborto, eutanasia o manipulación genética que atente contra la dignidad humana. La vida de cada ser humano es inviolable y merece ser defendida con firmeza.
El derecho a la vida es inalienable, y ninguna ley humana puede despojar al ser humano de este derecho fundamental. La persona, desde su concepción, posee una dignidad inherente que debe ser reconocida y respetada por todos.
El Estado adoptará políticas públicas orientadas a la protección de la vida, apoyando a las madres en situación de embarazo y asegurando que todas las personas tengan acceso a cuidados médicos, acompañamiento emocional y los medios necesarios para la preservación de la vida humana.
Toda forma de eutanasia, ya sea activa o pasiva, será rechazada, ya que la vida humana no está bajo el dominio de la voluntad humana, sino bajo la soberanía de Dios, quien es el único Señor de la vida y de la muerte.
Artículo 33 – La Libertad Religiosa y la Fe Católica como Religión Oficial del Estado
El Estado reconoce el catolicismo como la religión oficial y la única verdadera, conforme a la voluntad de Dios revelada en la Santa Iglesia Católica.
Todas las leyes y principios del Estado estarán basados en la enseñanza de la Iglesia Católica, siendo la fe católica el fundamento de la moral pública y privada.
El Estado garantiza la libertad religiosa únicamente en el contexto de la fe católica, permitiendo a los ciudadanos practicar la religión en su forma auténtica y conforme a la doctrina de la Iglesia. Cualquier práctica religiosa que se desvíe de la fe católica será considerada una ofensa a la unidad y el orden divino establecido por Dios.
El Estado fomentará la presencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida pública, asegurando que sus valores y enseñanzas guíen las instituciones gubernamentales, la educación, la justicia y la cultura.
Los ciudadanos tendrán la libertad de vivir su fe católica en todos los aspectos de su vida, pero deberán adherir a las enseñanzas de la Iglesia, y el cumplimiento de sus preceptos será considerado un deber moral y cívico.
La Iglesia, como autoridad espiritual y moral, estará subordinada al bien común, siendo consultada y respetada en todas las decisiones fundamentales que afectan al pueblo. El Estado y la Iglesia cooperarán estrechamente en la protección de la vida humana, la justicia y el orden moral.
Artículo 34 – El Trabajo y la Dignidad Humana
El trabajo es un don de Dios y una expresión fundamental de la dignidad humana, dado que permite al ser humano colaborar en la obra creadora de Dios y contribuir al bienestar de la sociedad.
El Estado reconoce el derecho de cada persona al trabajo digno, justo y remunerado, garantizando que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en su vocación profesional, de acuerdo con los principios cristianos de justicia, caridad y solidaridad.
Toda actividad laboral debe ser orientada al servicio del bien común, a la construcción de una sociedad justa y a la glorificación de Dios mediante el cumplimiento honesto de la labor.
El Estado adoptará políticas que promuevan el empleo digno, la equidad en las condiciones laborales y la protección de los trabajadores, garantizando que no se haga explotación laboral, especialmente de los más vulnerables.
El trabajo debe ser un medio para el crecimiento personal y espiritual, y no solo para la acumulación de bienes materiales. El trabajador debe ser tratado con respeto y justicia, sin discriminación, y se le deben garantizar condiciones laborales que respeten su dignidad y bienestar físico y moral.
El Estado apoyará a las familias trabajadoras, proporcionando las condiciones necesarias para que los padres puedan cumplir con su vocación de educadores y formadores de sus hijos, asegurando que el trabajo no se convierta en un obstáculo para la vida familiar.
Artículo 35 – La Educación Cristiana en Todos los Niveles
La educación es un derecho fundamental de todo ser humano, y debe estar orientada a formar a la persona en su totalidad: cuerpo, alma y espíritu, de acuerdo con los principios cristianos de la Iglesia Católica.
El Estado garantizará una educación integral que promueva los valores del Evangelio, el amor a Dios y al prójimo, y que prepare a los ciudadanos para vivir de manera virtuosa, en armonía con la voluntad divina.
La educación será libre y accesible para todos, desde la infancia hasta la adultez, y se desarrollará bajo la dirección y supervisión de la Iglesia Católica, que tiene la autoridad divina para enseñar la verdad moral y religiosa.
El Estado proporcionará recursos y apoyo para que todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, sigan los lineamientos de la doctrina católica, garantizando una formación que combine el conocimiento académico con la enseñanza de la fe.
Se fomentará la enseñanza de la Sagrada Escritura, los principios del Magisterio de la Iglesia, la moral cristiana, y el respeto a la dignidad humana en todos los niveles educativos.
Los padres tendrán la libertad de educar a sus hijos según los valores católicos, y el Estado apoyará esta vocación, promoviendo la formación religiosa familiar como base fundamental del orden social.
La educación será una herramienta para cultivar la paz, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad social, de manera que los ciudadanos contribuyan al bien común y vivan según los principios del Reino de Dios.
Artículo 36 – La Protección del Medio Ambiente como Creación Divina
El medio ambiente es un don divino, creado por Dios como un reflejo de Su bondad y sabiduría. El Estado tiene el deber de proteger y preservar la creación de Dios, garantizando que los recursos naturales sean utilizados de manera responsable, sustentable y conforme a la ley moral natural.
El hombre, como administrador de la creación, debe velar por el equilibrio y la integridad de la naturaleza, respetando cada forma de vida y el orden divino establecido por Dios en el mundo. El abuso y la explotación irresponsable de los recursos naturales, que atentan contra el equilibrio de la creación, son contrarios a la voluntad divina y al bien común.
El Estado promoverá políticas de cuidado ambiental basadas en principios cristianos de respeto por la creación, fomentando la justicia ecológica, la protección de la biodiversidad, la reducción de la contaminación y la conservación de los ecosistemas.
Toda acción que degrade el medio ambiente, poniendo en peligro la vida humana o animal, será rechazada y sancionada, pues la tierra fue confiada al ser humano para su cuidado y no para su destrucción.
La educación y la conciencia ecológica, desde una perspectiva cristiana, serán promovidas en todos los niveles, asegurando que las nuevas generaciones entiendan la responsabilidad que tienen como custodios de la creación de Dios.
El Estado trabajará en cooperación con la Iglesia y las comunidades para garantizar que el respeto y el cuidado del medio ambiente sea parte integral de la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
Artículo 37 – El Sistema de Salud basado en la Caridad y la Dignidad Humana
La salud es un bien fundamental para la dignidad humana, y el cuidado del cuerpo debe estar orientado a servir al bien de la persona y al cumplimiento del plan divino. El Estado, guiado por los principios cristianos de caridad y respeto a la vida, tiene el deber de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención sanitaria adecuada, respetuosa de su dignidad.
El sistema de salud será integral, promoviendo no solo el bienestar físico, sino también el espiritual y emocional de cada persona, porque el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Los profesionales de la salud deben ejercer su labor con amor, compasión y dedicación, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien sanó con misericordia y cuidado.
El Estado proporcionará servicios de salud accesibles para todos, especialmente a los más vulnerables, garantizando atención médica gratuita o a precios justos, y fomentará la prevención y promoción de la salud mediante la educación y la responsabilidad individual.
Toda intervención médica debe respetar la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, siguiendo los principios de la moral cristiana. Ningún tratamiento o práctica que atente contra la vida o la dignidad humana será permitido.
El sistema de salud trabajará en cooperación con la Iglesia para proporcionar no solo la curación del cuerpo, sino también el consuelo espiritual, mediante la atención pastoral y la asistencia a los enfermos y necesitados.
La caridad cristiana será el fundamento de las políticas de salud, impulsando a todos los ciudadanos a cuidar a sus prójimos, especialmente a los más pobres y marginados, como un acto de amor al prójimo y de servicio a Dios.
Artículo 38 – La Justicia y el Sistema Judicial basado en la Moral Cristiana
La justicia es un principio fundamental de la ley de Dios, que exige dar a cada uno lo que le corresponde, y debe ser la base del orden y el bienestar de la sociedad. El Estado garantiza que la justicia sea administrada de acuerdo con la ley divina, que es la fuente última de toda ley humana.
El sistema judicial estará fundamentado en los principios de la moral cristiana, en la doctrina de la Iglesia Católica y en el respeto por la dignidad humana. Los jueces y magistrados deberán actuar con imparcialidad, prudencia, y justicia, guiados por la verdad y el bien común, siempre respetando los derechos fundamentales de la persona y la familia.
El Estado garantizará que todos los ciudadanos tengan acceso a un juicio justo, rápido y transparente, y que los principios de la misericordia y la rehabilitación sean aplicados en lugar de la venganza, buscando siempre la restauración del orden moral y la salvación del alma del delincuente.
Las leyes del Estado estarán basadas en el respeto absoluto a la vida, la familia, la propiedad y la libertad de los individuos, conforme a los mandamientos de Dios y los valores cristianos. Ninguna ley humana puede contradecir los preceptos divinos.
En el ámbito judicial, se promoverá la reconciliación y el perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien perdonó a sus enemigos y enseñó a amar incluso a quienes nos hacen daño. Las penas, en la medida de lo posible, deberán buscar la restauración de la persona al bien, y no la retribución o el castigo sin esperanza de cambio.
El sistema judicial también se comprometerá a proteger la justicia social, defendiendo a los más pobres, vulnerables y oprimidos, como un acto de caridad cristiana. El derecho a la justicia será inseparable del derecho a la paz, la verdad y la salvación.
Artículo 39 – La Organización Política y el Poder en una Teocracia
El poder político en este Estado tiene su origen en Dios, quien confiere la autoridad para gobernar de acuerdo con Su voluntad. El Estado, como teocracia, reconoce la supremacía de la ley divina sobre todas las demás leyes, y el gobierno debe ser dirigido por principios cristianos, asegurando que toda autoridad política esté alineada con los valores del Evangelio.
El poder será ejercido por aquellos que, siendo fieles a la doctrina cristiana, hayan sido llamados a servir al pueblo con humildad, justicia y caridad. El Papa, como líder supremo de la Iglesia Católica, tendrá un papel consultivo y moral en la dirección de los asuntos del Estado, velando por que las decisiones políticas estén conformadas a los preceptos cristianos.
El sistema político estará basado en una monarquía electiva o un consejo de sabios, elegido por la Iglesia o designado bajo su orientación, que velará por la aplicación de la voluntad de Dios en todos los aspectos del gobierno. Este consejo o monarca será responsable de la administración de los bienes comunes, la seguridad de la nación y la implementación de políticas que favorezcan la justicia social y la paz.
El Estado garantizará la participación activa de la Iglesia en las decisiones políticas importantes, especialmente aquellas que involucren la moral y el bienestar espiritual del pueblo. Las decisiones de gobierno deberán tener en cuenta los principios de la caridad, la justicia y la paz, y los funcionarios públicos deberán estar comprometidos con la fe cristiana, actuando como servidores del pueblo y de Dios.
Toda ley humana que entre en conflicto con la ley divina será considerada ilegítima y no podrá ser aplicada. El gobierno buscará siempre que sus acciones y políticas estén alineadas con el plan divino, trabajando en cooperación con la Iglesia para la edificación del Reino de Dios en la Tierra.
El Estado, bajo la orientación cristiana, fomentará una organización política que sea justa, misericordiosa y orientada al bien común, protegiendo a los más vulnerables y asegurando que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de vivir conforme a la fe y la moral cristiana.
